Existe el temor fundado, que si no se concretan reformas en la conformación y funcionamiento de las instituciones electorales estas repetirán los errores de las pasadas elecciones, principalmente la conformación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y la participación ilegal del Presidente de la República y los empresarios del país. Y es que, sino existen reglas claras para que las elecciones se lleven de forma equitativa nos quedaremos en una simulación electoral, los ciudadanos no tendrán el derecho real de elegir a sus gobernantes y los poderes fácticos y reales serán los manipuladores de la decisión ciudadana.
El problema de la falta de una sociedad critica, que pueda formarse juicios con base en la diversidad de información y medios apegados a la objetividad ha llevado a la sociedad mexicana a ser fácilmente manipulada, el problema es que nos encontramos en un circulo vicioso, pues la única forma de que la mayoría de la sociedad pueda tener una mejor educación, de tener mayores niveles de cultura política, es en gran medida, por las acciones que desempeñe el gobierno en estas áreas.
La impresión es de descomposición de la democracia representativa, y esta será mayor después de la resolución tomada por el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) del Poder Judicial sobre las elecciones federales del pasado dos de Julio. Los poderes locales (públicos y privados) tendrán legalmente, carta abierta para inmiscuirse en las elecciones y esto llevara a un colapso del sistema electoral en su conjunto. Los mecanismos para elegir libremente quedaran reducidos al engaño.
Si ha esto le sumamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual abre la posibilidad para las candidaturas independientes, la situación se complica aun más, es verdad que con esta resolución se le quita a los partidos políticos el poder absoluto de poner a los candidatos a elección popular, pero esto complicara el control que podrán realizar las autoridades electorales, si no existe una legislación adecuada (y según la Corte cada Congreo Estatal y el Congreso Federal, tendrán que realizar sus reformas de la legislación electoral), se apresurara el colapso del sistema electoral.
Las complicaciones son mayores, que si por ejemplo, se hubiera autorizado a nivel nacional la apertura para la formación de partidos políticos estatales. Los cuales se ceñirían a un presupuesto, un proyecto de largo plazo y una legislación y reglamentación ya diseñada, lo que permitiría una apertura del sistema electoral y una competencia real para los partidos nacionales.
Las elecciones competidas llevaran a luchas más agresivas, la cual escalara de intensidad a medida que se acerca el momento de la elección, los actores buscaran los resquicios legales y se ampararan en la resolución tomada por el TRIFE, respecto a la elección presidencial del dos de julio del 2006, pues esta resolución sienta precedente y puede formar jurisprudencia.
Por lo pronto se encuentran en puerta dos acontecimientos claves, por un lado la conformación del nuevo TRIFE, en la cual SCJN nombrara por cada magistrado del Tribunal una terna, la cual pasara a la cámara de Senadores, estos decidirán en sesión plenaria los candidatos que ocupen un puesto en el Tribunal. Podrán existir problema si las decisiones no se toman con el consenso de las tres principales fuerzas, ya que si no se hace, esto dará motivo para la duda sobre la imparcialidad de los magistrados.
El segundo punto de importancia, es la conformación del Consejo General del IFE en el cual se tiene la experiencia del la conformación del actual, en él la legitimidad se vio seriamente cuestionada cuando en las negociaciones en la Cámara de Diputados se dejo fuera al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se repartieron los Consejeros entre el Partido Acción Nacional(PAN) y el Partido Revolucionario Institucional(PRI). Debemos recordar que el Consejero Presidente del IFE Luis Carlos Ugalde fue puesto por la entonces jefa de la bancada tricolor Elba Esther Gordillo.
Por lo pronto tenemos el antecedente de la conformación de las Comisiones del Congreso en las cuales se excluyo al PRD de presidir el primer año la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e incluso se le excluyo de presidir la Comisión Política, el PRI y el PAN tuvieron que modificar Fast Track la Ley Orgánica de la Cámara, ya que legalmente le correspondía al PRD la Mesa Directiva y al PAN la Comisión Política.
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